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La nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

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  • octubre 26, 2015

La nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

La nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 1º de octubre de 2015, sustituye -junto con la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común- a la fundamental Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, volviendo así al sistema normativo del Derecho Administrativo español que había estado vigente desde finales de los años cincuenta del pasado siglo XX, en el que el régimen jurídico general y el procedimiento administrativo estaban ubicados en dos leyes separadas, hasta su unificación en la Ley 30/1992.

Pero no sólo sustituye a esta Ley, sino que también deroga y sustituye la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la Ley de Agencias Estatales, y modifica, con más o menos amplitud,  la Ley del Gobierno, la de Fundaciones, la de Bases del Régimen Local, la de Subvenciones, del Patrimonio Nacional, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, la General Presupuestaria, las normas sobre Administración Electrónica y otras varias (incluso toca la Ley Concursal).

 La gran reforma es -sobre todo- de estructuración y sistemática del sistema legal administrativo. No afectará, realmente, a la vida de los ciudadanos (la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común, un poco más), sino que tan sólo complicará la vida de los funcionarios -esencialmente del sector estatal-, jueces del ámbito contencioso-administrativo, operadores jurídicos del Derecho Administrativo y, por supuesto, a los pobres opositores para el acceso a la función pública.

La nueva Ley dedica casi todo su régimen sustantivo al sector público estatal, que es el principal destinatario de la mayor parte de su articulado y que ve afectado tanto el régimen de la Administración General del Estado, como su entorno de personas jurídicas dependientes de él, desde la Administración institucional e independiente, hasta el sector público empresarial estatal e incluso las fundaciones de dicho sector estatal.

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